Las grandes preguntas sobre las políticas de memoria son acerca de la selección de lo memorable. ¿Por qué un hecho, un acontecimiento, un proceso social deben ser conmemorados para impulsar su recordación, más allá de quienes los vivieron directamente? ¿En qué términos debe hacerse su conmemoración para garantizar que con ello se está avanzando en democratización y en vigencia de los derechos humanos y no en un mero uso político del pasado desde el Estado a favor de la posición de poder de quienes lo controlan?  

​

Con la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC, se ha posicionado en Colombia el relato que define el periodo marcado por la confrontación con las guerrillas como “conflicto armado interno”. Eso ha significado, afortunadamente, que se creen medidas a favor de su solución política negociada incluyendo la garantía de los derechos de las personas víctimas del mismo. No obstante, también ha implicado debates precisamente sobre las políticas de la memoria y lo que debe ser recordado por fuera de ese marco. Hay quienes argumentan, por ejemplo, que los hechos de guerra y violencia a partir de la línea que define el postconflicto con la firma en la Habana no tendrían que ser considerados. Mucho más lejos de las márgenes del gran relato vendrían a estar los hechos de abuso y brutalidad policial en la ciudad de Bogotá, que no sólo no serían hechos del conflicto armado o violaciones a los derechos humanos sino excesos frente a los cuales no hay una Ley como la 1448 de 2011 que diga que tienen que investigarse para la memoria pública. 

​

Entre discusiones y vacíos no deberían perderse de vista criterios de fondo: 1. Es la sociedad a través de sus diferentes expresiones, según la terminología jurídica, la que recuerda, la que impulsa que se recuerde y demanda de las instituciones el compromiso necesario para que se expanda la experiencia individual y colectiva y se convierta en legado general. El cómo, a favor de la democratización y la vigencia de los derechos humanos, se configura con ese principio en primer lugar, sin que eso implique que puedan censurarse debates y diálogos que alejan el ejercicio de conmemorar del de petrificar lo ya ocurrido convirtiéndolo en arma muerta. 2. La importancia de hechos y acontecimientos para la paz no la determina el que sean estos “con ocasión del conflicto armado interno”, como dice la Ley de Víctimas, sino sus consecuencias para la democracia y la convivencia. 

​

Lo ocurrido en Bogotá los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2020, ha sido reclamado socialmente como memorable dentro de un conjunto de huellas que dan cuenta de lo que ha pasado recientemente en el país del post-acuerdo. Se han resaltado los nombres de líderes y lideresas sociales asesinados desde el 24 de noviembre de 2016. Alrededor del lugar en el que asesinaron al joven Dylan Cruz el 23 de noviembre de 2019 hay una conmemoración especial, más allá del caso, de la activación social de la juventud que se ha enfrentado al incumplimiento de las promesas de la paz. Los nombres y testimonios de las 13 personas asesinadas alrededor del 9S, junto con quienes murieron dentro del CAI San Mateo, aparecen en un cuadro más amplio de hechos que se nombran como de “brutalidad policial” significando el nivel de vulneración y gravedad que han conllevado, y sobre todo, la necesidad de que se asuma el comportamiento de la Policía en las ciudades como un asunto fundamental para la paz como se ha dicho que ésta se entiende popularmente, más allá del enfrentamiento entre guerrillas y ejército, como la garantía del derecho a exigir los derechos. 

​

Efectivamente se trata ya de un hito en la historia reciente de la ciudad y así ha sido reconocido por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la representación de la Organización de las Naciones Unidas, que además apoyaron un proceso de esclarecimiento desde la relatoría del ex defensor del Pueblo, Carlos Negret. Todo lo ocurrido en esos días, las denuncias que existen sobre lo que ha pasado alrededor de los CAI que fueron atacados, el asesinato indignante del abogado Javier Ordoñez visto por millones de personas, los ataques a los CAI y la actuación inédita y demencial de quienes dispararon indiscriminadamente contra manifestantes, apunta a la cuestión de la paz en la capital de la República más allá del cumplimiento de la implementación del Acuerdo entre el gobierno y las FARC. Eso, la paz en la ciudad, ya no puede abordarse con la ingenuidad de quienes han repetido que Bogotá es fundamentalmente y sólo una ciudad receptora de personas desplazadas, obviando nuestra Cartografía de la memoria y lo que ha significado la práctica continuada de abusos y maltratos especialmente contra las personas jóvenes para quienes el estado de excepción es una amenaza latente y cotidiana. 

​

Esta publicación parte de la necesidad de conmemorar con el compromiso de hacerlo contribuyendo a la democratización y a la vigencia de los derechos humanos. Las elaboraciones que aquí se incluyen han sido buscadas y seleccionadas desde el respeto por la verdad, pero sin pretender, como diría Gonzalo Sánchez, una memoria paralizante a partir de la exposición exclusiva del sufrimiento. Lo que se expone es sobre todo el resultado del proceso de convocatoria a fotógrafos y fotógrafas que salieron a las calles en aquellos días y expusieron sus vidas en un contexto en el que también se irrespetó su actividad y su profesión. La realización se ha hecho, además, con el seguimiento a distancia respetuosa del proceso de organización y reivindicación que han venido haciendo los familiares de las víctimas. Es la Fundación OjoRojo Fábrica Visual quien ha materializado los principios de una perspectiva de actuación para la paz y para la reconciliación con el apoyo invaluable de la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung, Fescol. 

​

Con la memoria que se seguirá posicionando con la acción de los familiares de las víctimas y de las organizaciones sociales de la ciudad hay un elemento indispensable para la comprensión, la reflexión y el diálogo pendiente en Bogotá para que la tan mentada no repetición sea efectiva, a partir de los cambios y las reformas que la hagan posible más allá de las voluntades. Con la conmemoración pública se afirma el reconocimiento como seres humanos y como agentes de movilización legítimos a quienes han intentado denominar vándalos. Con este libro de fotografías tenemos un objeto-instrumento, una brújula para nuestro sentido de orientación aturdido en el contexto liminal que nos tocó vivir.